Preocupado por las incesantes quejas de confinados y sus familiares, quienes han levantado su voz de alerta ante alegadas violaciones de derechos civiles en las cárceles de la isla, el portavoz de la mayoría senatorial, Carmelo Ríos, ordenó una investigación sobre el cumplimiento de los reglamentos y las normativas que rigen las instituciones carcelarias. Asimismo, informó que evaluará la posibilidad de revisar e incluir métodos alternos para lograr un sistema correccional seguro, ágil, eficaz y de transparencia.
“Es de conocimiento público que por años se han suscitado innumerables incidentes dentro de nuestras instituciones correccionales. Desde trifulcas entre reclusos, fugas, alegada falta de personal y deficiencias en los servicios médicos y alimentarios, son solo algunos de los planteamientos hechos por el Comité de Amigos y Familiares de Confinados (CAFC) y miembros de la población correccional. Ante este escenario, lo cierto es que no tenemos una certeza clara de si se están cumpliendo las normativas internas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). A estos fines, investigaremos exhaustivamente las operaciones de las cárceles para detectar dónde está fallando el sistema y evaluar de qué forma podemos reforzar la operación de Corrección para que los reclusos tengan un trato digno y humano”, dijo el legislador.
Durante el pasado mes de noviembre salieron a relucir serias denuncias sobre alegada violación de derechos, en el Complejo Correccional 501 de Bayamón, por parte de tres oficiales de la institución. En este evento también se alegó que la administración suspendió hasta los servicios religiosos para los reos. Por otro lado, la portavoz del CAFC, Milagros Rivera Watterson, denunció ante varios medios de comunicación que Corrección lleva meses enfrentando escasez de personal custodio, lo que ha redundado en eventos de violencia en las instituciones, tres muertes en el mes de agosto, suspensión constante de las visitas a los confinados por falta de oficiales de custodia, disminución y cese de servicios a los confinados por esa misma razón.
Datos provistos por el DCR indican que actualmente la población correccional de Puerto Rico se compone de 8,852 reclusos.
